La Comunidad de Madrid lleva al Gobierno central a los tribunales

11/03/2010 14:16:04

La Comunidad de Madrid ha anunciado un recurso por vía contencioso-administrativa contra la desestimación del Gobierno de la Nación a las dos reclamaciones de la Comunidad de Madrid por un importe de 5.583 millones de euros por la no aplicación del principio de lealtad institucional contemplado en la Ley de Financiación Autonómica.

Según anunció el vicepresidente, Ignacio González, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el Gobierno regional ha dado orden a los servicios jurídicos para que presenten recurso dentro de los dos meses de plazo que concede la Ley de Jurisdicción Contenciosa.

Esta decisión se argumenta en que tras la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica, el Gobierno de Zapatero decidió conceder 500 millones de euros a Aragón por las mermas recaudatorias ocasionadas por la política fiscal del Estado, es decir, por la repercusión que sobre las cuentas aragonesas hubieran podido tener las bajadas de los impuestos cedidos.

Desde el Ejecutivo autonómico madrileño se entiende que el reconocimiento del derecho a favor de una sola comunidad autónoma quebraría el principio de igualdad entre regiones consagrado en la Constitución Española, que establece que las diferencias entre los

Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Así lo defendió el pasado 1 de diciembre la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en el Congreso de los Diputados, donde pidió que fuese el principio de equidad el que primase a la hora de repartir los fondos entre las diferentes comunidades autónomas.

Por eso, el Ejecutivo autonómico presentó dos reclamaciones. En la primera, con fecha de 27 de octubre de 2009, se solicitó una compensación por un importe de 2.873 millones de euros por los menores ingresos recaudados por la Comunidad de Madrid desde el año 2002 como consecuencia de la actividad legislativa del Estado en materia tributaria.

En la segunda, interpuesta el pasado 14 de diciembre de 2009, se solicitó una compensación de 2.710 millones por el incremento de obligaciones de gasto sufrido por la Administración madrileña, y que no estaban inicialmente previstas en el sistema de financiación.

Cuando iba a vencer el plazo de tres meses de silencio administrativo, y la Comunidad anunció la interposición de un recurso contencioso administrativo, el Estado desestimó de manera expresa las dos reclamaciones, la de ingresos y la de gastos, mediante la resolución de la Dirección General de Coordinación Financiera de las Comunidades Autónomas de 25 de enero de 2010, notificada el 27 de enero.

Ahora, el Consejo de Gobierno ha ordenado a los servicios jurídicos que recurran esa resolución de 25 de enero de 2010, dentro de los dos meses de plazo que concede la Ley de la Jurisdicción Contenciosa.

IGUAL QUE ARAGÓN

La Comunidad sigue, en este caso, según afirma, el mismo procedimiento utilizado por el Gobierno de Aragón, que formuló una reclamación de compensación al Estado por las mermas recaudatorias ocasionadas en la región como consecuencia de las decisiones legislativas adoptadas por el Gobierno central.

Ante la desestimación de la reclamación efectuada, el

Gobierno de Aragón recurrió por vía contencioso-administrativa, pero

antes de obtener un pronunciamiento del tribunal se llegó a un acuerdo en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos-Financieros Estado-Comunidad de Aragón, reconociendo el Estado a favor de Aragón la compensación de 500 millones solicitada en 2009.

La Comunidad de Madrid reclama al Gobierno de la Nación una deuda de 18.831 millones de euros contraída por el Estado con nuestra región por la no actualización de la población desde 1999 en el nuevo modelo de financiación autonómica, la falta de inversión de Zapatero en los últimos seis años, el pago del servicio que han prestado las entidades colaboradoras en Sanidad, así como la minoración -como se ha indicado anteriormente- de los ingresos de la región por las actuaciones legislativas del Estado en materia tributaria desde 2002 y las nuevas obligaciones de gasto como consecuencia de las modificaciones normativas adoptadas por el Gobierno de la Nación.

(EUROPA PRESS MADRID)