El colectivo de opositores a auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Sevilla que critican irregularidades en el proceso examinador y que pedían la suspensión y repetición de la prueba han mantenido una reunión tras la cual han acordado la interposición de un recurso judicial contencioso-administrativo, que se hará efectivo en el plazo de unas dos semanas.

Según explicó a Europa Press uno de los portavoces de la plataforma de afectados, Manuel Ruiz, la representación legal de este grupo se encuentra en proceso de recogida de las contestaciones administrativas emitidas por el Ayuntamiento para integrarlas en la demanda.

Ruiz, en este sentido, explicó que la plataforma representa aproximadamente a un centenar de afectados, si bien "algunos se están descolgando por el cansancio y el desgaste", y que el pago del recurso ha quedado apalabrado, por el momento, por una decena de miembros de la plataforma. "Si luego particulares quieren adjuntar sus propias reclamaciones no tenemos problema", apostilló.

Todo ello se lleva a cabo después de la respuesta del tribunal a un recurso interpuesto por los aspirantes en el que "aunque reconocen negligencias y errores por su parte desestiman los diez puntos que presentamos".

Ruiz añadió que se está estudiando actuar por la vía penal contra la corporación hispalense por presunta prevaricación. "Hay gente que critica una manipulación de los exámenes pero no hacen ni caso, parece como si quisieran acelerar el proceso para que todo esté listo antes de las próximas elecciones", expuso.

La plataforma decidió interponer recursos de alzada, aún no respondidos, después de que la Delegación de Recursos Humanos decidiera desestimar las alegaciones presentadas por vía administrativa por el colectivo.

En la respuesta municipal, a la que tuvo acceso Europa Press, se responde a todas las deficiencias detectadas por los aspirantes, señalando con respecto a una supuesta "negligencia" en el control de acceso que éste se hizo por el procedimiento habitual de colocar colaboradores con mesas "colocadas estratégicamente" que controlaban la entrada acreditando a los opositores. Asimismo, respecto a una presunta inseguridad en la custodia y traslado de los cuestionarios, se alega que las cajas con los exámenes fueron "debidamente precintadas y firmadas por los miembros del tribunal".

NO HAY "CAUSA SUFICIENTE" PARA LA REPETICIÓN

Aunque la corporación local reconoce que en el aula de la Facultad de Matemáticas se produjo una equivocación en el reparto del cuestionario de preguntas, con el mismo contenido del turno libre pese a tratarse de un aula específica para discapacitados, se atribuye a un error "informático", quedando sólo afectados 97 opositores. "La decisión adoptada, la anulación ipso-facto de las preguntas marcadas, fue la más idónea, sin que se aprecie causa suficiente para la repetición del ejercicio", subraya el documento de respuesta.

Tampoco se produce, según Recursos Humanos, "quiebra" en el principio de igualdad en el acceso a la función pública, ya que el ejercicio fue el mismo para todos los opositores, las adaptaciones no supusieron "trato preferente" y se acordó que la corrección de ese turno se efectuara de manera "ponderada" con la del resto de opositores, dadas las preguntas anuladas.

También señala el Ayuntamiento, respecto a la queja de que el examen tuviera que responderse a lápiz, que éste es el procedimiento habitual, y que las preguntas se correspondían con el temario establecido en las bases.