El Pacto de la Ciudad de Sevilla por la Economía Social ya es una realidad. El Ayuntamiento sevillano y la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A) han suscrito en la mañana de hoy este ambicioso acuerdo, con el cual pretenden contribuir al crecimiento y al progreso de la capital hispalense mediante la estimulación de este modelo de gestión empresarial, que parte de una lógica de desarrollo local sostenible en lo económico, en lo medioambiental y en lo social.

El acto se ha llevado a cabo en el Salón Colón y ha estado presidido por el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y el presidente de CEPES-A, Antonio Romero. Junto a ellos, se encontraban también presentes en el momento de la firma el Primer Teniente de Alcalde y portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, el delegado de Economía y Empleo, Carlos Vázquez, y el delegado de Bienestar Social, Enrique Lobato.

En su intervención, Torrijos ha destacado el “histórico paso” que el Consistorio da a favor de “otra forma posible y necesaria de hacer empresa”, que incorpora valores como la cooperación, la solidaridad o el compromiso y persigue “un crecimiento social más justo y generador de empleo estable y de calidad”.

Según ha señalado, el apoyo municipal a la Economía Social parte de dos premisas claves. Por un lado, la “identificación plena” del Gobierno local con los principios, metas y valores que la sustentan. Y, por otro, “nuestro convencimiento de que esta fórmula empresarial encarna la manera más efectiva y justa de acelerar la convergencia con las economías de nuestro entorno y de avanzar en la cohesión territorial y en el desarrollo de esta ciudad”.

Asimismo, Torrijos ha mostrado su satisfacción porque, “una vez más, este Ayuntamiento se sitúa a la vanguardia en políticas de bienestar social”, al auspiciar una iniciativa pionera en el ámbito municipal. No en vano, hasta ahora CEPES-A había cerrado acuerdos de esta naturaleza con la Junta de Andalucía y con algunas Diputaciones provinciales, pero nunca con un consistorio.

Las negociaciones para firmar este pacto se iniciaron en noviembre de 2009, cuando se produjo la primera toma de contacto entre el equipo de la Delegación de Economía y Empleo y CEPES-A en la Escuela de Empresas Estrategias. En dicho encuentro tanto el delegado del ramo, Carlos Vázquez, como la directora de Área, Ana Reina, y el gerente de Sevilla Global, David Pineda, adquirieron el compromiso de priorizar este cometido. Y fue a partir de ese momento cuando comenzaron las reuniones de carácter técnico para elaborar el documento de concertación que ahora ve la luz.

Según Carlos Vázquez, este pacto supondrá “un impulso importantísimo para todo lo que es la Economía Social en la ciudad de Sevilla” y escenificará la voluntad política del Ayuntamiento de apostar por este sector, cuya lógica de funcionamiento difiere bastante de la que anima al resto de empresas tradicionales y donde las relaciones laborales y asociativas que vinculan a sus miembros rompen la dicotomía capital-trabajo.

A juicio del delegado, hoy más que nunca se hace necesario defender la Economía Social “como alternativa a una forma de entender la economía, fracasada y en quiebra, que anteponía la ganancia individual a los resultados sociales”. Frente a esta concepción -apunta-, empieza a abrirse paso con fuerza “otra visión que prima el beneficio colectivo y que parte de una asociación libre y de un objetivo planificado democráticamente. Y esa fórmula empresarial se llama Economía Social”, apostilla.

Entre los objetivos generales plasmados dentro del Pacto Local sobresalen el fomento de entornos favorables para la creación y supervivencia de empresas de Economía Social; el uso de los mecanismos necesarios que posibiliten el nacimiento, consolidación y desarrollo de este tipo de iniciativas empresariales; y la generación de empleo estable, sostenible y de calidad.

De este modo, los firmantes del pacto se posicionan en la defensa de un modelo de municipio “donde la sostenibilidad económica, social y ambiental sean su seña de identidad, donde los servicios públicos prestados garanticen la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, donde las posibilidades en el acceso al empleo estable y de calidad sean una realidad y donde la tolerancia y el respeto a la diversidad formen parte de su patrimonio cultural y social”. Para la consecución de tales aspiraciones el texto incorpora un anexo donde se recogen varias líneas de actuación y medidas concretas a implementar en el futuro.

En cualquier caso, el listado se presenta abierto y sujeto a modificación, de manera que puedan incluirse nuevas acciones si lo consideran oportuno las partes firmantes. Igualmente, una vez rubricado el documento, se ofrecerá la posibilidad de adherirse a los sindicatos y a todas las entidades y agentes sociales que lo deseen.

Actualmente, existen en nuestra comunidad autónoma más de 11.000 empresas de economía social, entre cooperativas y sociedades laborales --algo más del 25% del total nacional--, las cuales dan empleo directo a cerca de 100.000 andaluces. A éstas hay que sumar los más de 200.000 autónomos vinculados tradicionalmente con el sector y los más de 500.000 socios de cooperativas.